miércoles, 4 de abril de 2018

Cae la participación de Educación en el presupuesto porteño

(Por Inés Fornassero. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 2 de abril de 2018)- La participación del área de Educación en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es cada vez menor, según detalla un relevamiento realizado por el Centro de Estudios de Ciudad, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El análisis también alerta sobre respuestas diferenciadas del gobierno porteño según el sector socioeconómico, a través del uso de Centros de Primera Infancia (CPI), que se iniciaron como un complemento a la ampliación de oferta de educación de nivel inicial, pero se consolidaron como su sustituto.

A partir del análisis de datos oficiales, los investigadores Inés Albergucci y Nicolás Abraham del CEC, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales, indican que la participación de la Educación en el presupuesto total de la CABA descendió entre 2013 y 2017 del 10,26 al 8,7 por ciento. Parte de la fuerte caída se registró entre 2016 y 2017, cuando el monto destinado al Ministerio de Educación sufrió una caída del 15 por ciento en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación que marcó el Índice de Precios al Consumidor del Gobierno de la Ciudad.

La tendencia decreciente tuvo su correlato en el presupuesto destinado a rubros clave, como la educación de nivel inicial, que incluye los jardines maternales y de infantes. El presupuesto del sector para 2017 muestra una caída de un 21 por ciento respecto de lo asignado en 2013, y es un 10 por ciento menor al monto ejecutado en 2016. En este contexto, la matrícula del nivel inicial en la gestión privada viene creciendo de modo sostenido desde mediados de los ‘90 hasta superar a la de gestión pública, sobre todo en las comunas del norte de la CABA, cuyos indicadores socioeconómicos son más favorables. Sólo en el sur de la ciudad hay más instituciones públicas que privadas.

El gobierno de la Ciudad intentó complementar la falta de inversión en educación de nivel inicial, que desde los 90 abrió un importante mercado para la oferta privada, con la creación a partir de 2009 de Centros de Primera Infancia (CPI), instituciones donde niños de entre 45 días y 4 años asisten diariamente y reciben atención integral en jornada completa de ocho horas. 

“Cabe aclarar que no forman parte de la oferta educativa del nivel inicial, sino que se trata de un establecimiento de tipo asistencial, no contabilizados como unidades educativas”, detalla el informe. Los CPI, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y no del de Educación, se ubican principalmente en el sur de la Ciudad, mientras que en el resto del distrito sólo se encuentran cerca de villas o asentamientos.

“La iniciativa es insuficiente y desigual cuando no resulta una forma complementaria a la política educativa universal, de calidad e igualitaria. El Estado, a través de sus acciones y omisiones tiene respuestas diferenciadas para el cumplimiento del deber constitucional de garantizar la educación”, concluye el informe, y destaca que “lo que se observa es la preeminencia de este tipo de establecimientos (CPI) para determinados sectores sociales, en particular la población más vulnerable, y para otros la resolución a través de ofertas educativas del nivel inicial, tanto del sector público como del privado, prevaleciendo este último. Lo dicho hasta aquí demuestra una Ciudad con significativas desigualdades en materia educativa en general, y en el nivel inicial en particular”.

“Dime en qué gastas y te diré quién eres. Por supuesto que los CPI son bienvenidos, pero lo que se ve es que la plata que se les destina va aumentando, mientras que la de infraestructura escolar va decayendo, al igual que el monto global de Educación”, aseguró la investigadora y trabajadora social Albergucci. “Hacer esa diferenciación es una decisión política”, añadió.

Los CPI son gestionados por organizaciones sociales, financiadas por el Ministerio de Desarrollo Humano. La contratación del personal queda bajo la responsabilidad de la organización, por lo que no hay dependencia laboral con el Estado, ni se aplica al personal el estatuto docente. Esto permite que sus honorarios sean más bajos que lo que se cobra por iguales tareas en instituciones de educación inicial. La iniciativa se expandió a nivel nacional en 2016 cuando el gobierno nacional lanzó el Plan Nacional de Primera Infancia, que incluyó la promesa de inaugurar cuatro mil nuevos centros.

“Hay cosas graves dentro de ese dispositivo que en la Ciudad de Buenos Aires deberían ser un escándalo, y sin embargo, como ‘es lo que hay’ para los pobres, el umbral de reclamo es suficientemente bajo, y no genera costos políticos para el gobierno. Es una oferta de baja calidad, pero la única, y por lo tanto, termina pareciendo aceptable”, afirmó la directora del CEC, Adriana Clemente.


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