"Exigimos juicio y castigo para los responsables de su asesinato por la espalda a manos de la la prefectura", dice la Unión de los Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER)

Federación SITECH (Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Chaco) objeta la afirmación del gobernador Oscar Domingo Peppo cuando expresa "nuevamente la agenda educativa será prioridad para el gobierno provincial" ya que dicho enunciado se da de patadas con lo que sucedió en el 2017 y con lo que desde el propio oficialismo anticiparon para el presente año

"Recordamos, ya que pareciera que los funcionarios provinciales han perdido la memoria, que el año pasado lo otorgado al sector fue la ajustadora recomposición del 7,5 % lo que implica una diferencia de al menos el 17% con respecto a lo que marcó la inflación, cuestión esta que significó dejar a miles de docentes con salarios empobrecidos y completamente devaluados por la pérdida del poder adquisitivo, hecho que no necesita ser corroborado por 'economistas iluminados' ya que alcanza con visitar las góndolas de un supermercado para tomar contacto con la realidad de que los sueldos no alcanzan. Ahora bien, al ajuste salarial le sigue la falta total de inversión en educación, muestra palpable de ello es el atraso ya naturalizado en el pago de comedores escolares; escuelas públicas completamente deterioradas en las que dar clases es más una odisea que un espacio de aprendizaje. 

Irrisoriamente, al mismo tiempo que “anuncian que la agenda educativa será la prioridad” a contrapelo anticipan para este año un 10 % de recomposición para los trabajadores de la educación, lo que lisa y llanamente significa no darle prioridad a esta, sino aplicar políticas de ajustes sobre los trabajadores a sabiendas que la inflación estará por lo menos en un 20 %. En este marco en el que se contraponen discurso y realidad, podemos afirmar, aunque nunca dieron a conocer los números de la provincia, que hubo desinversión en el sistema educativo, por lo que cabría preguntarle al señor gobernador ¿dónde está la prioridad? 

También es lamentable, por parte del gobernador, que hable de perfeccionamiento permanente del docente cuando sus ministros fueron denunciados por convertir esta actividad en un negocio rentable junto con dirigentes gremiales y bajo la fachada de perfeccionar montaron un “festival de papelitos”, determinando que el docente que compró más papelitos es el que tenga prioridad para los cargos y horas cátedras, cuestión esta muy alejada de la tan nombrada y a la vez vapuleada “calidad educativa”. ¿Acaso el Sr Gobernador se refiere cuando habla de perfeccionamiento a la Diplomatura de más de 7000 docentes dictada en una tribuna de una cancha de fútbol, como el ejemplo más claro de perfeccionamiento al docente?, de ser así le recordamos Señor Gobernador que el perfeccionamiento debe estar a cargo del Estado a través de los Institutos de Educación Superior misión central en la que han sido ninguneados para dar paso al negocio del perfeccionamiento. 

Más lamentable aún es hablar de 'optimizar recursos' cuando sus ministros fueron denunciados por este sindicato por pagar a futbolistas, choferes, fotógrafos etc. con horas cátedras con el pretexto de proyecto especiales que nos es otra cosa que malversación de fondos. A esto agregamos la proliferación de institutos privados que subvenciona el Estado y que lo dirigen los amigos del Gobierno. Idéntica situación se traslada a las instituciones que manejan algunas organizaciones sociales por supuesto amigas del Gobierno y que se constituyen en un sistema paralelo en la que se desperdician recursos del Estado con el agravante de que la ley de Educación de gestión social no fue reglamentada y de la que el gobernador es responsable. Será que no la reglamenta para poder actuar con impunidad y arbitrariedad?

Cómo puede hablar el gobernador de 'optimizar recursos' cuando este sindicato hace un mes denuncia a la actual Ministra por crear una Regional para favorecer a un amigo que era un funcionario que quedó sin trabajo? Se trata de la regional XII que no solamente es despilfarrar recursos, sino que lo más grave es perjudica a los docentes ya que los de Barranqueras y Colonia Baranda para hacer un trámite tendrán que trasladarse a Fontana. Diga señor gobernador si esto no es un despropósito y que deberá corregirse en forma inmediata. 

Claramente, para este gobierno “optimizar recursos” es solamente ajustar el bolsillo de los trabajadores ya que los hechos demuestran que el banquete del Ministerio se mantiene tan aceitado como lo ha dejado el antecesor, por lo que “optimizar” es la formula más acabada para estrujar la economía de las familias docentes para beneficiar a los amigos del gobierno. 

Por último, señor gobernador, le recomendamos que guarde silencio sobre el sistema educativo ya que el mismo está sumergido en una crisis profunda y desmadrado por las políticas de ajuste, corrupción, prebendas, amiguismos y represión a los docentes que expresan su disconformidad y a este sindicato que denuncia estas políticas ya que no tiene compromisos con ningún gobierno o ministro sino solamente con la escuela pública y los docentes."

La exigua, desigual y menguante financiación de la universidad pública española

En España, la crisis económica originada por la crisis financiera que se inició en 2007-2008 se caracteriza por una duración y una intensidad sin precedentes próximos, y por unas consecuencias de gran alcance y persistencia, no sólo en el ámbito estrictamente económico, sino también en cuanto a la pérdida de derechos sociales y políticos causada por las prioridades y las decisiones políticas de los gobiernos central y autonómicos. Los recortes presupuestarios y los cambios legislativos han dejado sentir sus efectos en ámbitos muy diversos. El reciente informe ¿Quién financia la universidad? del Observatorio del Sistema Universitario aporta datos que permiten evaluar su impacto en las universidades públicas españolas.

El informe se refiere a la etapa 2009-2015, en la cual la administración central y las autonómicas adoptaron en el marco de la crisis las principales medidas presupuestarias y normativas con relación a la universidad: recortes presupuestarios substanciales, no reposición de las jubilaciones y, en 2012, un cambio en la regulación de los precios de matrícula que en la práctica ha significado la libertad de las comunidades autónomas para aumentarlos.

Entre 2009 i 2015, en euros constantes, la financiación pública de las universidades cayó un 27,7% en el conjunto de España. Por comunidades autónomas, los recortes variaron entre el 17,0% de Aragón y el 38,2% de Castilla-La Mancha. El estudio constata, además, que las diferencias entre comunidades autónomas no respondieron a comportamientos diferentes ni en el número de estudiantes ni en la riqueza de las distintas comunidades, medida en términos de su Producto Interior Bruto (PIB).

La mayoría de comunidades autónomas, con alguna excepción, compensaron parcialmente su reducción de la financiación pública con un aumento de las tasas y precios públicos. Así, en el mismo período, los ingresos por tasas y precios públicos aumentaron un 31% en términos reales (pese a una disminución del 4,62% del número de estudiantes, lo que implica que el aumento por estudiante superó el 37%). Por comunidades, la variación de los ingresos por precios públicos de 2009 a 2015 se situó entre el -15,9% de Galicia y el 67,6% de Cataluña.

El artículo completo de Vera Sacristán puede leerse aquí.

Rosario se moviliza contra el ajuste y la persecución política de los luchadores

Justicia para Rafael Nahuel

Resoluciones de la Asamblea del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en los Medios Públicos

"Rechazar los despidos en el Sistema de Medios Públicos. Exigir la reincorporación de los 16 compañeros y compañeras despedidxs de Radio Nacional. Expresar la solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de TDA, Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad. En el mismo sentido acompañar la pelea de todos los trabajadores de medios privados, como los compañeros de Diario Hoy de La Plata, Radio El Mundo, y los medios del ex Grupo Indalo.

-"Convocar a un abrazo solidario en defensa de los medios públicos y contra su vaciamiento en la puerta del histórico edificio de Canal 7 en Figueroa Alcorta y Tagle. Invitar a los gremios SATSAID, APJ, SAL y ATRANA y a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales a participar de la actividad.

-"Iniciar una campaña con juntada de firmas para que vuelvan los noticieros de los fines de semana en la TV Pública. Basta de censura y vaciamiento informativo.

-"Solidarizarnos con todas las luchas en curso en defensa del empleo, los derechos laborales y sociales, la salud pública, el arte y la cultura popular, que son víctimas de un ataque brutal por parte del gobierno: el ballet de danza dirigido por Iñaki Urlezaga, los metalúrgicos de Stockl, los trabajadores del Hospital Posadas, Fanazul, Senasa, Ministerio de Defensa, con la lucha de ATE en defensa de los puestos de trabajo a lo largo y ancho del país, de CTERA en defensa de paritarias libres y de todos los gremios movilizados por estas causas justas".

Comisiones Internas del SiPreBA enTV Pública, Télam y Radio Nacional

Los docentes rosarinos, en pie de guerra

(ACTA, desde Rosario, lunes 22 de enero de 2018)- El titular de Amsafé (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe), seccional Rosario, Gustavo Terés, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “está atacando a las organizaciones sindicales que no quieren discutir paritarias con límites”. Además, denunció que quieren bajar la inflación recortando salarios.

“No nos vamos a dejar disciplinar. Nuestro gremio siempre resistió. Vamos a respetar esa historia”, se despachó el secretario General de Amsafé Rosario luego de que el gobierno nacional decidiera eliminar la mesa paritaria nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Terés aseguró que la medida “es una estrategia del gobierno, que pretende controlar la inflación a través de ponerle techo a las paritarias y la baja salarial” y pidió que “el gobierno de la provincia no se sume a esta iniciativa”.

“Repudiamos esa decisión antidemocrática. Porque el gobierno nacional va midiendo las formas democráticas de negociación colectiva. Está igualando organizaciones sindicales para tratar de condicionar a algunos sindicalistas más dóciles con el poder. Intenta condicionar la negociación paritaria”, aseguró el secretario General de la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos) Autónoma Rosario respecto a la decisión de la Casa Rosada de quitarle poder a Ctera, el principal gremio de los docentes de escuelas públicas.

Además, Terés recordó que Mauricio Macri “dijo que iba a permitir las paritarias libres y ahora modificó radicalmente el rumbo. Pretende ponerle un techo a las paritarias, pretende disciplinar las organizaciones sindicales. Este no es un ataque contra las organización sindicales, este es un ataque contra los trabajadores”.

“El gobierno está atacando a las organizaciones sindicales que no quieren discutir paritarias con límites. Pretenden disciplinar a los dirigentes sindicales para que sean funcionales a sus estrategias. Intenta domesticar a muchos dirigentes y amigos del poder, como está pasando con muchos dirigentes de la CGT (Confederación General del Trabajo)”, agregó.

Terés aseguró que el macrismo “intenta cortar el hilo por lo más delgado. Es un retroceso tras otro. Es un ataque tras otro a los derechos de los trabajadores. Y mientras tanto va generando condiciones o concesiones a grupos de poder o concentrados de la economía se ataca derechos laborales”.

Finalmente, advirtió: “No vamos a abandonar la movilización social, la calle. Podemos ganar o perder en determinados momentos, pero nunca vamos a dejar de dar batalla y lucha”.

¡No a la precarización del trabajo docente!

"¡No a la modificiación oficial inconsulta, unilateral y arbitraria de las condiciones de la paritaria nacional docente!"

La Comisión Directiva Central de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) repudia en todos sus términos el intento mediante un nuevo decretazo -el 52/18- por parte del gobierno nacional, para de manera inconsulta, unilateral y arbitraria intentar modificar las condiciones de la Paritaria Nacional Docente refrendadas en la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

Recordemos que el gobierno se ha encargado de ignorar la paritaria docente y de incumplir la ley negándose a convocar a la CTERA y a los otros sindicatos nacionales a discutir salarios, condiciones de trabajo y formación docente.

De esta manera, buscan producir una nueva intromisión en los acuerdos entre las organizaciones sindicales docentes CTERA -a la cual pertenece AGMER-, SADOP, UDA, AMET y CEA.

Esta medida sin duda afectará la discusión salarial en nuestra provincia, ya que nuevamente busca impedir que se fije un piso salarial docente en las jurisdicciones, dejando a cada una de ellas a una situación económica frágil, donde el nuevo Pacto Fiscal agravará sus finanzas; profundizando la desigualdad salarial entre las provincias y afectando seriamente la idea de un país federal e igualitario. En el caso de Entre Ríos aún no se ha explicado como compensará los millones de pérdida al dejar de coparticipar nación lo correspondiente al impuesto al cheque.

Esto en un contexto de ajuste generalizado y donde el techo salarial del 15% de recomposición que anuncia el gobierno nacional como imposición lejos está de contener el costo real de vida que año a año viene registrando el aumento de la canasta familiar y los tarifazos.

Desde AGMER respaldamos la denuncia que presentará la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, junto al compañero Hugo Yasky como secretario general para América Latina de la Internacional de la Educación ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT; en defensa de todos los trabajadores de la educación y de la instancia donde debe discutir la patronal con nuestros sindicatos: salarios, condiciones de trabajo y formación docente. Ese espacio es la Paritaria Nacional Docente.

La lucha sindical y los derechos de los docentes se discuten en ámbitos democráticos. No se decretan con el autoritarismo y la soberbia.

Mediante la publicación del decreto número 52/2018 el gobierno pretende eliminar la paritaria nacional docente como ámbito de negociación salarial

Desde Ademys (Asociación de los Docentes de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) repudiamos la actitud del gobierno que deja librada la discusión salarial a cada jurisdicción y sostenemos que para resolver los problemas salariales y educativos y la distorsión que existe entre las diferentes provincias es necesaria la renacionalización del sistema educativo para que el Estado vuelva a hacerse cargo del financiamiento de la educación.

A su vez, señalamos con preocupación la intención del actual gobierno, en consonancia con las diversas administraciones provinciales, de someter a discusión el régimen laboral y la “carrera docente”, eufemismo para abrir el debate y arrasar con derechos históricos consagrados en nuestros estatutos, tal como consta en el borrador de ley del “Plan Maestro”.

Exigimos un aumento salarial de emergencia que recomponga lo perdido por la inflación y que garantice un salario digno para l@s docentes de todo el país. Teniendo en cuenta que según datos oficiales la canasta familiar en el mes de noviembre era de 25.800 pesos.

Asimismo, exigimos al gobieno porteño la aplicación inmediata de la cláusula gatillo mediante la cual debe actualizarse automáticamente el salario de acuerdo a la inflación, siendo que los propios datos oficiales superan la previsión realizada para el 2017.

En este escenario desde Ademys nos mantenemos en estado de alerta con la firme convicción de que los docentes daremos pelea en las calles por nuestras condiciones salariales, laborales y por la educación pública. Señalamos ante la opinión pública que en estas condiciones, el gobierno empuja a que el inicio de clases sea nuevamente con conflicto.

Continúa el acampe en la ciudad de La Plata por los cesanteos en Educación: los trabajadores siguen con el reclamo en medio de la incertidumbre tras la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial

(El Día, La Plata, jueves 18 de enero de 2018)- Los trabajadores cesanteados de la Unidad Ejecutora Provincial continúan con el acampe en la puerta del organismo, ubicado en calle 8 entre 46 y 47. La medida es en respuesta a lo que calificaron como "una nueva estafa del gobierno" que, pese al levantamiento de la permanencia en el interior del edificio, se negó a garantizar la continuidad laboral de los más de cien despedidos.

Hoy a las 18 hs realizarán una nueva asamblea para definir nuevas medidas de fuerza y contribuir a generar instancias para unificar los reclamos de todos los despedidos de la región.

El martes los trabajadores habían desalojado el edificio, donde permanecían desde fines de diciembre, luego de que el gobierno de María Eugenia Vidal se comprometiera a abrir una instancia de diálogo por las fuentes laborales siempre y cuando se produjera el levantamiento de la permanencia. Sin embargo, lejos de buscar resolver el conflicto, las autoridades ratificaron su postura, advirtiendo que no volverían atrás con ninguna de las medidas adoptadas en relación a los despidos, la disolución del organismo y las condiciones de precariedad de las recontrataciones.

Los trabajadores denunciaron que el gobierno también incumplió con lo único a lo que se había comprometido en esta última reunión: entrevistar a nueve de los más de cien despedidos para evaluar posibilidades de recontratación, en virtud de situaciones como las de trabajadores despedidos con problemas complejos de salud. Los llamados para pactar estas entrevistas, que debía realizar el gobierno el día de ayer, finalmente no se realizaron.

Ante estos hechos, los trabajadores denunciaron el accionar extorsivo del gobierno provincial, anunciaron que continuarán con el corte en calle 8 y el acampe, y que realizarán una nueva asamblea hoy a las 18 horas, donde definirán nuevas medidas para masificar el reclamo y contribuir a instancias que unifiquen los reclamos de todos los trabajadores y trabajadoras despedidas de la región, como también sucede en el Instituto de Acción Cooperativa, el Ministerio de Trabajo y el Registro de las Personas.

Repudio al ataque de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires contra las organizaciones sindicales docentes

CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) repudia enérgicamente el nuevo ataque de la gobernadora María Eugenia Vidal al SUTEBA (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires) y demás organizaciones sindicales docentes, empleando la misma metodología que en el año 2017, durante el transcurso de las paritarias.

Esta vez la gobernadora impulsa la desafiliación masiva de los maestros a sus sindicatos, en un claro avasallamiento a la determinación libre de los docentes de optar por su agremiación.

Asimismo demuestra el desprecio y la subestimación hacia los trabajadores de la educación.

La gobernadora desconoce la historia del sindicalismo docente donde los trabajadores eligen libremente su afiliación.

CTERA le exige a la gobernadora Vidal que cese con estas actitudes autoritarias y vergonzantes y respete la historia del SUTEBA y las demás organizaciones sindicales docentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 16 de enero de 2018 

Junta Ejecutiva - CTERA

Un golpe enorme contra la educación pública del Gran Buenos Aires

La UEP (Unidad Ejecutora Provincial) es un espacio dentro de la Dirección General de Cultura y Educación que funciona hace 22 años en el cual planificamos, desarrollamos y ejecutamos, desde la ciudad de La Plata, obras e infraestructura educativa en toda la provincia de Buenos Aires. Además de financiar capacitaciones docentes, se llevan a cabo adquisiciones de mobiliario e insumos escolares. Es decir, se trata de un espacio general, en el cual se trabaja para el desarrollo de una educación pública y de calidad. Abarca todos los niveles y espacios educativos públicos de la provincia (escuelas agrarias, maternales, jardines de infantes, escuelas técnicas, etc.).

Con la nueva gestión, el espacio se fue frenando progresivamente en estos últimos 2 años, hasta que nos llegó un email donde nos informaban su disolución. Por lo tanto, 380 personas nos quedamos en la calle el día 29 de diciembre del 2017. Nos echaron, ya que supuestamente existe “duplicación de tareas”, es decir, dos organismos que realizan la misma tarea. Pero ¡eso no es así! Ellos argumentan que nuestro trabajo también lo desarrolla la DPI (Dirección Provincial de Infraestructura). Sin embargo, este organismo tiene otra función donde tenemos trabajos complementarios: al disolver, la UEP la educación pública se quedó con uno de ellos solamente.

Nosotros planificamos y proyectamos la obra de manera completa. Por ejemplo, si vamos a construir un jardín maternal, tenemos que tener en cuenta la cantidad de salones a construir y la altura de los techos para que los pibes no se pierdan, el diseño de las aulas para que incluyan espacios de expansión para maximizar las acciones pedagógicas y la orientación del edificio para que se obtenga la mayor capacidad de iluminación. Y esa tarea no la desarrolla la DPI. Somos personas que nos capacitamos y nos formamos en esto y es lo mejor que sabemos hacer. Esto, le otorga calidad a la educación pública.

No se está tomando dimensión de la gravedad que conlleva desarticular este espacio. Incursionamos en tecnología, por ejemplo, utilizando energía solar: introducimos paneles fotovoltaicos en varias escuelas, colocamos colectores solares en más de 50 jardines para que los niños accedan a agua caliente, reforzamos los sistemas de seguridad en las escuelas, desarrollamos los espacios de informática en las escuelas del Gran Buenos Aires. Le otorgamos otro temple a la educación y defendemos la educación pública. 

No se tuvo en cuenta ningún factor a la hora de desvincular a los 120 compañeros: quedaron 240 proyectos truncos por esta decisión, que estaban en cartera y sólo hacía falta licitarlos para llevarlos a cabo. En Alemania, tardan casi 2 años y medio entre la planificación y ejecución del proyecto, acá en 3-5 meses tenías proyectos ya licitados: tenemos una capacidad de trabajo profesional ejemplar. Además, los despidos fueron a dedo, sin contemplar el laburo realizado dentro del espacio: se echó a a gente comprometida y a trabajadores con enfermedades oncológicas en tratamiento. En estos últimos dos años, ni siquiera se tomaron el tiempo de saber cómo trabajamos cada uno de nosotros. Actualmente, estamos en una situación incierta, en la que no sabemos si vamos a continuar en nuestros puestos de trabajo. Lo único que queremos, es trabajar y seguir con este proyecto al cual le brindamos nuestra entrega y compromiso desde 1996. Ni los 3000 jardines que prometió Bullrich y nunca cumplió, ni las aulas containers que minaron el Gran Buenos Aires, rigen por los derechos de una escuela de calidad. 

¡La UEP es otra garganta de la educación pública y gratuita! 

Darío Rizzuto y Guillermina Conquiera, trabajadores de la UEP

En defensa de los derechos jubilatorios

A la comunidad académica y científica nacional e internacional

¡Que se respeten los derechos jubilatorios de los docentes universitarios y científicos, y de todos los trabajadores de Argentina!

Nos dirigimos a las y los profesores e investigadores de todos los países a fin de solicitar vuestro apoyo y solidaridad.

El gobierno de Mauricio Macri se encuentra lanzado a la implementación de leyes y reformas que avasallan los derechos laborales y previsionales de los trabajadores argentinos, y en particular, de los docentes e investigadores universitarios. Se pretende retrotraer en décadas las condiciones de trabajo y jubilatorias de nuestro pueblo.

Tras 25 años de reclamos, en 2009 el Congreso sancionó por unanimidad la ley de jubilación de docentes preuniversitarios y universitarios. La ley garantiza el 82% móvil de los magros salarios que percibimos. Y en 1983, los investigadores y científicos conquistaron el 85% móvil.

Esta conquista no fue ni es gratuita, pagamos por ella un aporte adicional de 2% de nuestros propios salarios todos los meses durante 25 y 30 años.

En lugar de extender el 82% o el 85% a todos los trabajadores, reclamo elemental, el gobierno lanzó una campaña imputando a dicha conquista nuestra y de otros sectores docentes como un privilegio.

Los docentes e investigadores universitarios nos encontramos alertas y movilizados para impedir este atropello, reclamando al gobierno y al parlamento nacional se respeten nuestros derechos y los de todos los trabajadores del país.

Enviar adhesiones a:

noalacontrareformaprevisional@gmail.com,

o suscribirse a través de este formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF32976vWcGh4Z6CqKpd4BhTul4J8gFZgm5gM4DNpgn6shFQ/viewform

Con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia por la libertad de César, Dimas y de todos los luchadores, contra la criminalización y el ajuste: a las 17 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo

Contra la criminalización de la lucha popular

Según cifras del Centro Abdallah Al Hourani de Estudios y Documentación en 2017 el régimen de Israel detuvo a 1.467 niños palestinos y asesinó a 16

La joven activista palestina, Ahed Tamimi, de 16 años fue condenada a 2 años de cárcel por abofetear a soldados de Israel. Su caso es la bandera de lucha que los pueblos de varios países han levantado para exigir una condena al ejército israelí y la persecución contra niños y adolescentes.

Varias protestas se han registrado en París, capital de Francia, durante los últimos días, exigiendo protección a los niños y jóvenes palestinos y la inmediata libertad de Ahed Tamimi, de 16 años, detenida por el régimen de Israel en violación de las leyes internacionales.

Niños y adolescentes palestinos sufren desde hace años la persecución del ejército ocupante: golpes, detenciones, torturas, violaciones y asesinatos son parte de los sometimientos sufridos por miles de menores de edad en Palestina.

“Ahed Tamimi represneta para Palestina la resistencia, representa la existencia de los palestinos en la defensa de su derecho a existir, a continuar la lucha para recuperar su Estado” afirma Khaled Shouli, palestino residente en Francia.

Para Olivia Zemor, presidenta de Europalestine, el objetivo del ejército israelí es alcanzar a los niños palestinos. “Lo vemos cuando matan a cientos de niños en Gaza, cuando matan a niños que están jugando en la plaza, cuando detienen a niños de 5 ó 6 años. Todos los informes de la Unicef (El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) y de Aministía Internacional lo denuncian”, dice la reconocida activista y periodista de profesión.

Una petición emanada desde el pueblo francés, que denuncia las violaciones de los derechos humanos de niños y jóvenes por parte del régimen opresor, ha recogido en pocos días más de 300 mil firmas. Asimismo, los manifestantes exigen que su presidente Emmanuel Macron defina una postura ante los hechos criminales y que tanto Francia como la comunidad internacional condenen al régimen.

Según cifras del Centro Abdallah Al Hourani de Estudios y Documentación, en 2017 el régimen de Israel detuvo a 1.467 niños palestinos y asesinó a 16. Asimismo, hasta el pasado mes de diciembre, 350 menores de 18 años permanecían en las cárceles de Israel, incluyendo niñas.

El abogado Gilles Devers, aseguró que sindicatos, asociaciones y 40 abogados palestinos, que representan a la sociedad civil, presentarán un recurso penal ante en Tribunal Internacional para proteger la integridad de los niños que día a día siguen sufriendo en Palestina.

Carta de César Arakaki desde la cárcel: “Mi convicción sigue intacta, no me van a doblegar”

Llevo 8 días de mi injusta detención. Ayer me enteré que Norita Cortiñas se sacó una foto con un cartelito que pide mi libertad. Los tormentos que sufrieron las madres son terribles comparados con esto que vivo yo. Qué grandiosas son las madres, ellas son también el motivo de mi lucha. 

Mi convicción sigue intacta, no me van a doblegar. Un inmenso abrazo a todos mis compañeros del Partido Obrero y a todos aquellos que están repudiando mi injusta detención.

César Javier Arakaki

Penal de Marcos Paz, viernes 5 de enero de 2018

Porque la única casa de los genocidas es la cárcel...

¡Libertad ya!

La FUBA junto a distintos centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires exige la libertad de César Arakaki, militante del Partido Obrero detenido por manifestarse el pasado 18 de diciembre contra la reforma previsional. 

A pesar de haberse presentado por sus propios medios a la Justicia, descartando cualquier peligro de fuga, César se encuentra con prisión preventiva en cárcel común. 

Esta detención consiste en un intento de intimidar la gran movilización popular que rechazó la reforma previsional. Un ensañamiento que contrasta con el hecho de que no hay ningún responsable detenido por la brutal represión policial que dejó numerosos heridos. 

Junto al pedido de libertad para César Arakaki, la FUBA se pronuncia por el cese de la persecución a los luchadores populares y manifestantes presentes el 14 y el 18 D. 

Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA

Los trabajadores del Programa Nuestra Escuela denunciaron que el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, busca poner fin al plan que permite que docentes de todo el país accedan a un posgrado gratuito a través de cursadas de capacitación en línea: hay casi mil puestos de trabajo en juego

(Por Laura Vales. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 3 de enero de 2018)- En el programa trabajan 900 tutores contratados, muchos con convenios que vencieron el 31 de diciembre. “Nos adelantaron que a partir de marzo sólo van a recontratar a un grupo pequeño. El ministerio confirmó el cierre de tres de los catorce postítulos, y su política es desalentar las inscripciones en el resto, para desmantelar el programa”, señaló Andrea Iotti, del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela.

Los tres postítulos cerrados son Derechos Humanos, Ciencias Sociales y TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación). En estos tres cursos –con una duración de dos años– ya no fue posible inscribirse en 2017, por lo que los alumnos que quedan para 2018 son un reducido número de los inscriptos en 2016, a los que todavía les restan algunas materias. “Se supone que deberían recontratar a una parte de los tutores para que esos docentes puedan terminar su formación, pero hasta ahora no llamaron a nadie. Los coordinadores nos anticiparon que para completar Derechos Humanos sólo habrá trabajo para cuatro o cinco de los cuarenta que nos desempeñamos en el área hasta diciembre”, señaló Gabriel Apella, integrante del cuerpo docente del postítulo en Derechos Humanos. 

Por la precaria modalidad de contratación, el número de personas que perderán su trabajo no es claro. Esta sola situación aumenta el miedo entre los afectados. En el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela, Andrea Iotti contabilizó 110 despidos sólo con el cierre de los tres postítulos. La estimación en el Colectivo es que, a corto o mediano plazo, habrá 700 tutores que perderán sus horas. En la Junta Interna de ATE el número que manejaban anoche era mucho más bajo, de 50 contratos no renovados. Sin embargo, también allí aclaraban que el número podría ir en aumento.

Esto es porque los tutores son contratados según la cantidad de alumnos que se inscriban. A más inscriptos se abren más aulas virtuales, y ante su reducción sobreviene su cierres.

Aunque hay once postítulos que siguen abiertos, vienen en proceso de ser desarmados: a fines de 2016, en medio de los miles de despidos en Educación, el entonces titular de la cartera, Esteban Bullrich, firmó una resolución para restringir el régimen de las cursadas virtuales del Programa Nuestra Escuela. Las protestas de los tutores, que tomaron la sede del ministerio, y el apoyo de los docentes, que no quieren perder su principal instancia de capacitación gratuita, a cargo del Estado, obligó a Bullrich a dar marcha atrás con la medida.

El ministerio, sin embargo, continuó con una política para desalentar el número de inscriptos, con lo que a lo largo de 2017 hubo sucesivas tandas despidos encubiertos: se perdieron así 900 puestos de trabajo. 

“Tuve bronca y dolor cuando (el presidente Mauricio) Macri, el 10 de diciembre, presentó el plan nacional de Derechos Humanos en el que asegura que abrieron un Postítulo de Derechos Humanos en 2017... una gran mentira, porque lo que hicieron fue lo contrario, cerrarlo”, agregó Apella. El tutor apuntó el anuncio del presidente incluyó la promesa de formar a tres mil docentes en derechos humanos, aludiendo en realidad a los 3000 egresados de este postítulo inscriptos durante la gestión anterior o en los meses previos a que el gobierno de Cambiemos cerrara este postítulo. 

Un recurso de amparo presentado durante el conflicto del verano pasado impidió la reforma que implicaba que un alumno que hubiera reprobado o abandonado una materia no pudiera recursarla. 

“Ahora se dispuso que solo puedan seguir cursando hasta agosto quienes se inscribieron en 2016. Los que hayan empezado en 2014 o 2015 ya no tendrían la chance de finalizar su posgrado. Para recibirte tenés que tener diez materias aprobadas. Hay gente que tiene nueve. Se pidió que se pueda abrir uno o dos cursos para que se puedan recibir y les dijeron que no”, añadió Apella.  

Diego Camares, trabajador del postítulo de Ciencias Sociales, dio un panorama idéntico: “hubo una primera reducción de contratos en febrero, y otra en julio. Ahora todo indica que vienen por un tercer recorte todavía mayor: lo único que pudo decirme la coordinadora de mi postítulo es que iba a haber una contratación muy mínima porque van a filtrar a quién le permiten completar los módulos para tener su título. Lo más grave de toda la situación es que están violando de una manera tremenda el contrato académico de los cursantes, que están haciendo una especialización aprobada por el Consejo de Educación, porque todas las provincias participaron en el diseño del Programa. Pero a los docentes que hacen la capacitación en ningún momento les dijeron que les iban a poner un lapso para terminar las materias. Contra el discurso permanente de que quieren mejores docentes, la realidad es que desmontan la instancia mas importante de capacitación de los maestros”.

Resoluciones del CLXXX Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER)

Plan de acción

Declarar al sindicato en estado de alerta permanente frente al escenario político, económico y laboral que atraviesan el país y la provincia, facultando a la Comisión Directiva Central para que adopte las medidas tendientes a organizar las estrategias de lucha del colectivo docente, incluyendo entre ellas la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo 2018, en caso de que no haya una propuesta salarial que responda a las necesidades de los docentes y/o que no se garantice que la Ley de Jubilaciones y Pensiones 8.732 no se toca.

Otras resoluciones

· A 16 años de los trágicos hechos de 2001, exigir juzgamiento a los responsables políticos del asesinato de “Pocho” Lepratti, entre ellos el ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann y el ex presidente Fernando de la Rúa, así como también a los funcionarios responsables de llevar a cabo la represión, de los cuales sólo el policía asesino Esteban Velázquez y otro agente fueron condenados.

· Ratificar lo actuado por la Junta Ejecutiva de la CTERA en el conflicto por el tratamiento de la reforma previsional de manera consecuente con lo resuelto por el último Congreso de la entidad.

· Facultar a la Comisión Directiva Central a construir los más amplios consensos dentro y fuera del sindicato para presentar una lista representativa de los intereses de los trabajadores en las próximas elecciones de vocales para la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

· Participar en el Movimiento de Trabajadores Entrerrianos como espacio de coordinación con otros trabajadores en el marco de las CTA.

· Exigir el no cierre de carreras del Nivel Superior dependientes del Consejo General de Educación y el urgente pase a planta permanente de las horas cátedra y de las carreras a término, denunciando la precarización en el nivel y el avasallamiento y la subestimación de los procesos de formación con la ejecución del Operativo “Enseñar” en el marco del Plan Maestro.

· Rechazar la reforma antieducativa del Plan Maestro y Secundaria 2030 que degradan la educación e introducen la reforma laboral en el ámbito educativo.

· Repudiar la cumbre de la Organización Mundial de Comercio realizada en Buenos Aires en el mes de diciembre, la cual define a través del acuerdo TISA a la educación como un servicio, sosteniendo como lo hemos hecho históricamente que la educación es un derecho.

· Rechazar las políticas de ajuste en educación y exigir incremento del presupuesto educativo y ejecución total del mismo.

· Aprobar el documento titulado “AGMER ante la difícil coyuntura que vive la clase trabajadora”.

· Repudiar a los legisladores de nuestra provincia que votaron a favor de la reforma previsional en el Congreso de la Nación.

"El diputado nacional José Cano intenta confundir a la opinión pública en relación al presupuesto de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)"

"Él, junto al resto de los diputados tucumanos, votaron la continuidad de una política de ajuste presupuestario que se mantiene hace años, y que impide el normal desarrollo de las actividades académicas. La precariedad y la falta de elementos seguirán siendo moneda corriente gracias a este ajuste.

Para salir de esta situación se requiere triplicar el presupuesto.

Cano celebra el 'aumento' de 0,45% en los miserables fondos que la UNT va a recibir. De esos fondos, más del 90% se destina a salarios, que en el caso de los docentes son los más bajos del sistema educativo.

Queremos también denunciar el intento de apropiarse de conquistas ajenas en relación a los investigadores de Fundación Miguel Lillo. La incorporación de estos al régimen previsional de 85% en igualdad con los otros investigadores del país, es fruto de una lucha e innumerables reclamos de años que ellos llevaron adelante, los que fueron acompañados e impulsados por la ADIUNT. Los diputados en realidad negaron este derecho durante años. Hoy es una realidad fruto de la perseverancia de los investigadores y la acción gremial.

Queremos denunciar que Diputados sigue destinando menos del 1% para la ciencia, lo que impide cualquier política de desarrollo.

El interés por los fondos de la UNT por parte de diputados como Cano o Yedlin, es pura hipocresía, ya que avalan a las autoridades de la UNT que hacen un uso discrecional de los recursos, ocultando a la comunidad el destino que le dan.

Nos pronunciamos por la triplicación del presupuesto para educación y ciencia, y por la apertura de las cuentas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)."

Ariel Osatinsky 

Sec. Gral. ADIUNT  (Asociación de los Docentes e Investigadores de la UNT)

Provincia de Buenos Aires: contra cualquier intento de cese de docentes provisionales y suplentes sin título

En la última reunión de la Comisión de Cogestión (DGCyE -Dirección General de Cultura y Educación- y gremios docentes), los representantes del gobierno plantearon avanzar en la aplicación del inciso c de los artículos 109 y 110. Ese inciso plantea el cese al finalizar cada ciclo lectivo (28 de febrero), de los docentes nombrados por listados 108 b y emergencia que a esa fecha no posean el título habilitante. Dicho inciso de la Ley de Continuidad no viene aplicándose, porque hay materias y cargos que la realidad ha demostrado que sólo serán cubiertos en la mayoría de los casos por docentes en esa situación (Música, Ciencias Exactas y Naturales, talleres técnicos, etcétera). La aplicación de los ceses llevaría a semanas y/o meses de cargos sin cubrir.

A los funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal se les "ocurrió" de modo intempestivo plantear esta posibilidad, que dejaría a miles de docentes sin trabajo, y fue rechazada de plano por todos los sindicatos.

Por ahora, la DGCyE sólo ha pedido un relevamiento de los docentes en esa situación en cada distrito. Les ahorramos la tarea: son varios miles.

No es argumento válido que se trate de priorizar a los docentes con título. Es claro que los docentes que ingresan al Listado Oficial, son los únicos que acceden a la titularización, y tienen prioridad sobre todas las vacantes a partir de las acciones estatutarias como Mad, Acrecentamiento, Servicios Provisorios, y reubicaciones.

Rechazamos la aplicación de esta medida, y defendemos el derecho a la continuidad laboral de todos los docentes.

BASTA DE AJUSTE

CONSEJO EJECUTIVO SECCIONAL

SUTEBA (Sindicato Unificado de los Docentes de la provincia de Buenos Aires), seccional La Matanza - Conducción Multicolor