El gobierno nacional, repite una
iniciativa que ya fuera impulsada en 2009 por el kirchnerismo y sus opositores
patronales, y que perdió estado parlamentario. La baja de la edad de
imputabilidad también fue un eje en la reciente campaña electoral de Sergio
Massa.
Una medida como esta no es la solución
para los problemas de la inseguridad. Al contrario, la criminalización de la
juventud busca ocultar la creciente descomposición del aparato represivo y su
entrelazamiento con el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas,
trabajo esclavo) arraigado profundamente en nuestra sociedad gracias a la
connivencia de todo el arco político patronal.
Existen firmes argumentos y estadísticas
que demuestran que la baja en la edad de imputabilidad no tiene incidencia en
la problemática del delito. La participación de menores de 18 años en las
Instrucciones Penales Preparatorias no alcanza al 5% del universo y aproximadamente
el 70% se encuentra en la franja entre 16 y 17 años.
Este dato a su vez debe analizarse en el
aumento de la pobreza. Durante el año 2016, en el primer semestre se
incorporaron a esta condición más de 200.000 menores de edad en toda la
Provincia de Bs As y al mismo tiempo, los registros oficiales de desgranamiento
y abandono escolar admiten que éstos se encuentran en el 50% en la Escuela
Secundaria.
El Ministerio de Educación y Deportes,
ha anunciado la reducción de programas socioeducativos y de formación docente
con las consecuentes reducciones de planteles, afectando a la educación
pública. Para nuestros estudiantes, sólo habrá escuelas-cárceles, sin insumos,
sin proyectos alternativos o directamente la prisión. Paralelamente se desvían
los fondos educativos a las escuelas privadas y empresas que lucran con la
educación.
En síntesis, las declaraciones del
Ministro de Justicia pretenden imponer un falso debate sobre la edad mínima
penal ya que el actual régimen penal juvenil, impuesto por la dictadura militar
y mantenido por los sucesivos gobiernos democráticos, impone de hecho una edad
cero de imputabilidad. Los menores procesados (al igual que aquellos separados
de sus familias por “razones asistenciales”) quedan al completo arbitrio de los
jueces, que tienen la potestad de internarlos en institutos de menores en los
que se vive en condiciones infrahumanas.
Hacemos únicos responsables de la
situación al gobierno Nacional, gobiernos provinciales y municipales que en
lugar de garantizar los derechos de niños/as y adolescentes, no desarrollan
ninguna política para generar alternativas recreativas, deportivas, artísticas,
pedagógicas para nuestros niños/as, ni laborales para nuestros jóvenes.
Exigimos la plena y efectiva aplicación
de las leyes vigentes de protección y promoción de Derechos de niños, niñas y
adolescentes establecidos en los tratados internacionales en los cuales no se
recomienda reducir la edad mínima penal, sino que se establece la necesidad de
llevarla a los niveles más altos, además de la consecuente inversión
presupuestaria adecuada que dé respuesta inmediata a las necesidades: en el
país, el pleno cumplimiento de la ley 26.061 y en nuestra provincia, la 2302,
con programas que mejoren la situación de las niñas, niños y jóvenes para que
puedan transitar en un mundo sin exclusión y violencias. Cualquier otra medida
es un retroceso en los avances alcanzados en la protección de sus derechos.
Por esto apelamos a que cada compañero/a
sostenga el debate que permita organizar a la comunidad en torno a los
siguientes ejes:
¡LA PLENA VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LAS LEYES 26.061 (NACIONAL) Y
2.302 (PROVINCIAL)!
¡NO A LA BAJA DE LA EDAD DE
IMPUTABILIDAD!
¡NINGUNA CRIMINALIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES!
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