Ante la sexta entrega
de los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
(PISA), los abajo firmantes declaramos nuestro más absoluto rechazo a la
prueba, a sus versiones nacionales, y a la lógica homogeneizadora de los sistemas
educacionales que se impone.
PISA es una prueba
estandarizada aplicada cada tres años a estudiantes de 15 años. Su primer
aplicación fue en el año 2000, fecha desde la cual se han incorporado más de 70
países. Para poder participar, cada país debe contar con un equipo técnico especializado
y pagar por su aplicación. Actualmente la OCDDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo), que aplica la prueba PISA, ha contratado a una
corporación transnacional de la educación, la empresa Pearson, para el
desarrollo de su versión 2018.
Por otra parte, los
resultados de PISA se han convertido en un importante indicador incorporado a
los análisis de competitividad económica de los países.
Desde su primera
aplicación, hemos observado diversas anomalías:
1) Político-educativa:
los Ministerios de Educación tienen un limitado control de esta evaluación,
teniendo como efecto una intensificación de la estandarización de procesos y
mediciones. Progresivamente, organismos internacionales como la OCDE han
impuesto transformaciones en las políticas educativas en el mundo, alineando
los procesos educativos a una concepción limitada de progreso. Esta
estandarización incluye la instalación o adaptación de las pruebas nacionales a
un parámetro global a través de la presión ejercida por los rankings. Por otra
parte, la estandarización ha impulsado la fuerte entrada de empresas privadas
que han desplazado a los ministerios de educación, a las y los docentes, a
sindicatos y escuelas de la conducción de sus proyectos educativos. Además, la
formación y perfeccionamiento docente han sido alineados a las evaluaciones
estandarizadas. En definitiva, esta lógica reduce los procesos de enseñanza-aprendizaje
que apuntan a un desarrollo integral y holístico, enraizado en una consciencia
histórico-social crítica.
2) Técnica: PISA
promueve rankings de países en virtud de los resultados. Esta práctica busca
neutralizar las enormes diferencias culturales, cosmovisiones y características
lingüísticas propias de cada contexto nacional. Este factor implica que esta
prueba no cumple con los más mínimos criterios de validez y confiabilidad.
3) Pedagógica: el
régimen de pruebas estandarizadas de alto impacto y los procesos que desencadenan
han implicado una transformación radical del quehacer de nuestras escuelas. El
estrechamiento curricular ha significado la eliminación de asignaturas como
artes, música, filosofía e historia. El tiempo escolar se ha reestructurado
para dar cabida al entrenamiento para tener éxito en estas pruebas. Cabe
señalar que estas mediciones no son sometidas al arbitrio social ni pedagógico.
Estas medidas no toman en cuenta los contextos sociales, ni la diversidad de
valores y prácticas pedagógicas.
4) Social y psicológica: la medición PISA y sus variantes nacionales discriminan, presionan,
y estigmatizan a regiones, países y pueblos en sus comparaciones. El control y
la presión por obtener buenos puntajes recae finalmente en las comunidades de
maestros y estudiantes, instalando un régimen de alto estrés que está
destruyendo el clima escolar y estabilidad emocional de nuestras escuelas. La
medición ha profundizado prácticas de exclusión y segregación en nuestras
escuelas, despojando de su sentido el derecho a la educación.
Por estas razones,
demandamos la anulación de los contratos que los diversos gobiernos han firmado
con la OCDE. Asimismo, exigimos el término de las pruebas estandarizadas de
altas consecuencias a nivel nacional.
También queremos
manifestar nuestro compromiso con una educación pública como derecho social,
que se inspire en todas sus prácticas con la diversidad social, histórica y
cultural de nuestros pueblos.
Defendemos la necesidad
de contar con escuelas que sean protagonistas de la transformación de una
educación para la justicia social. Queremos denunciar también las acciones
represivas que varios estados y autoridades han desencadenado en contra de
movimientos sociales, magisteriales y estudiantiles que se han manifestado en
contra de las diversas formas de estandarización neoliberal.
Los sistemas de
evaluación deben estar enraizados en las comunidades, deben observar la
complejidad, y deben promover una educación respetuosa de los derechos humanos
y sociales. Sólo de esta manera formamos ciudadanos y ciudadanas en plenitud.
Red Social para la
Educación Pública en las Américas (Red SEPA)
Coalición Trinacional
en Defensa de la Educación Pública (México, Estados Unidos, Canadá)
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