El ajuste que tanto el gobierno nacional como el de la Capital Federal llevan adelante se verá reflejado presupuestariamente. En Educación, de aprobarse tal como lo reclama el Ejecutivo, tendremos la menor inversión de los últimos diez años con un presupuesto del 18,5, es decir 9 por ciento menos que en el año 2007. El proyecto vuelve a destinar millones de pesos al subsidio a las escuelas privadas mientras prevé un techo a la discusión salarial ya que calcula en 17 por ciento el impacto inflacionario cuando el IPC del propio gobierno admite una inflación interanual del 44 por ciento, implicando una pérdida del valor del salario real de un 10 por ciento.
La inversión presupuestaria se orienta claramente hacia la privatización del sistema educativo y a la precarización del régimen laboral docente.
Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) rechazamos este proyecto presupuestario y una delegación de nuestra organización se hizo presente en la Legislatura para expresar las razones del rechazo.
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