La Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba (UEPC), en el marco del conflicto por el incumplimiento por parte
del Gobierno Provincial del punto 4 del Acta Acuerdo firmada en marzo de 2016,
ratifica la solicitud de la Reapertura de la Comisión de Política Salarial y
Laboral, para discutir la corrección de la pauta, y la Derogación de la Ley
10333.
El acuerdo
paritario de principio de año establece específicamente que si la inflación
superaba el 25% las partes volveríamos a discutir salarios nuevamente. Sin
embargo, y pese a que la inflación ya superó ampliamente ese porcentaje y aún
restan dos meses para finalizar el año, el Gobierno de Córdoba insiste en
desconocer esta cláusula.
En este escenario,
desde UEPC ratificamos todas las medidas de fuerza dispuestas por nuestro
sindicato en conjunto con otros gremios y organizaciones sociales. En este
sentido, este viernes 4 de noviembre adherimos y participamos de la Jornada
Nacional de Lucha junto a la CTA y la CTERA, con una concentración a las 18
horas en la Plaza Agustín Tosco frente al Patio Olmos. Asimismo, el viernes 18
de noviembre concretaremos un paro provincial docente para reafirmar nuestra
demanda de más salario y la derogación de ley de ajuste jubilatorio.
Ante versiones
periodísticas que se dieron a conocer el día de hoy que sostienen que el
Gobierno de Córdoba incluyó a los docentes provinciales en la reducción de dos
puntos en los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, desde UEPC desmentimos
totalmente tal trascendido.
Llamativamente, la
información publicada es totalmente contraria a las decisiones del Poder
Ejecutivo: el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha dispuesto, a través del
Decreto N° 1492 publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial, la
modificación de las alícuotas de las contribuciones patronales aplicables a los
trabajadores comprendidos en el Sistema Previsional de la provincia. Esta decisión no
mejora de modo alguno el salario de los docentes en actividad. Por el
contrario, la rebaja de los aportes patronales propicia el desfinanciamiento de
la Caja de Jubilaciones alejando aún más la posibilidad de recuperar el 82%
móvil para los haberes de los jubilados, arrebatado mediante la Ley 10.333, y
por ello rechazamos este tipo de medidas enfáticamente.
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