(Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 4 de noviembre de
2016)- El presupuesto de 76 mil millones de pesos que aprobó la Cámara de
Diputados para las universidades nacionales generó fuertes críticas de un
amplio grupo de rectores. El motivo fue una partida de refuerzo presupuestario
de 1028 millones de pesos, que el oficialismo incluyó a último momento y que
benefició a 21 universidades nacionales y excluyó a las otras 34. Diecinueve
rectores cuestionaron el reparto arbitrario de esos fondos y apuntaron contra
los diputados del PRO, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista porque no
respetaron los criterios adoptados por el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) para distribuir recursos. En una carta dirigida a los legisladores, los
rectores reclamaron la “revisión urgente” de lo decidido y una mejora
presupuestaria que alcance a todas las instituciones.
“Entendemos que cualquier
incremento adicional que se incorpore como resultado del debate y/o acuerdo
debería alcanzar a la totalidad de las universidades y no solamente a un grupo.
Deberían aplicarse criterios de equidad (como los que contempla el CIN), y
teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento específicas tanto para
cada una de las instituciones nuevas como para aquellas consolidadas”, dice la
carta enviada por 19 rectores a Luciano Laspina (PRO), presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde el lunes pasado se
acordó incorporar esos 1029 millones, luego aprobados en el recinto como parte
de la ley de presupuesto.
En la carta, los rectores
también expresan que como “miembros del CIN respaldamos la propuesta elevada
oportunamente que estimó en 85 mil millones de pesos las necesidades del
sistema para 2017”.
Las 21 universidades que
recibirán fondos de la partida extra son las de Córdoba, Litoral, Mar del
Plata, Rosario, Salta, Centro, Jujuy, Catamarca, Avellaneda, Patagonia Austral,
San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, UTN, Tres de Febrero, Noroeste, Río
Negro, Oeste, Jauretche, Hurlingham y Rafaela.
“Es totalmente burdo y
discrecional, no tiene lógica. Desde hace muchos años que el refuerzo se define
por el modelo de pauta de distribución del CIN, que tiene criterios objetivos,
donde todas las instituciones recibimos algo”, explicó a Página/12 Ana
Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. “Nadie del Gobierno
explica de dónde salió esa planilla –remarcó–, los rectores beneficiados son de
distintos sectores políticos. Hasta el propio Bullrich (Esteban, ministro de
Educación) dijo que él no se hace cargo de esa planilla. Fue la mano invisible
del mercado la que armó la planilla”, ironizó. Jaramillo dijo que en el caso de
la UNLa el presupuesto debería ser de 800 millones de pesos, pero que están
previstos 521 millones.
Según las fuentes consultadas
por este diario, ninguna autoridad de las 21 casas de estudio beneficiadas
reconoce haber pedido ese refuerzo (de hecho, los rectores de Avellaneda,
Patagonia Austral y Jujuy figuran entre los 19 firmantes de la carta de reclamo
enviada al Congreso). Los refuerzos presupuestarios habitualmente provienen de
la llamada “planilla B” y son destinados a financiar problemas de
infraestructura, programas especiales y carreras nuevas, entre otros gastos. En
las universidades privilegiadas hay rectores tanto del bloque radical como del
bloque peronista.
“Es imposible saber de dónde
sale el criterio para la elección de esas 21 universidades, ya que no lo envía
el Ministerio de Educación ni el CIN. De esta manera, los refuerzos
presupuestarios son distribuidos muy arbitrariamente”, afirmó Sandra Torlucci,
rectora de la Universidad Nacional de las Artes. “Esto provoca una distribución
que privilegia algunas instituciones –agregó–, dejando a 34 universidades
nacionales sin el dinero necesario para cubrir obras de infraestructura y
programas especiales, entre otros gastos.”
El agregado y el reparto de
los 1029 millones de pesos también generó problemas dentro de la alianza
oficialista. Más de una docena de diputados radicales se abstuvieron de votar
el artículo de la ley de presupuesto referido al sistema universitario; entre
ellos, José Luis Riccardo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara
baja y ex rector de la Universidad de San Luis.
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