A esta altura del
año, los trabajadores vemos cómo se ha profundizado el ajuste sobre nuestras
espaldas como política del Estado nacional que se replica en nuestra provincia,
sobre todo a través del freno a todas las discusiones paritarias y el incremento
de las tarifas de servicios provocando cada vez mayor transferencia de recursos
del sector del trabajo al del capital. Desde antes de la mitad del año venimos
exigiendo que los gobiernos nacional y provincial abran las paritarias y nos
posibiliten recuperar el poder adquisitivo ante el incremento continuo de
precios tan sensibles para los trabajadores como comestibles, medicamentos,
alquileres, ropa, energía y transporte. Vemos, con preocupación, que la falta
de recursos se resuelva, tanto a nivel nacional como provincial, con mayor
endeudamiento externo.
El esquema
regresivo se profundiza porque se mantiene vigente el impuesto al trabajo (4°
categoría del impuesto a las ganancias); hoy más trabajadores docentes y
docentes jubilados son alcanzados por la aplicación de esta injusta carga.
A su vez, el
Presupuesto Provincial 2017 no expresa ninguna voluntad de avanzar en mayor
financiamiento para la educación pública, lejos del 28 % de recursos genuinos
provinciales fijado por la Constitución Provincial demuestra que la prioridad
del gobierno es que “cierren” los números como exige el gobierno nacional,
dejando a los trabajadores como variable de ajuste.
A este escenario,
los docentes entrerrianos sumamos nuestra preocupación por las características
de un cronograma de pagos que se extiende más allá del 10 de cada mes, por la
persistencia de montos en negro en nuestros sueldos y porque no se avanza en la
corrección de las distorsiones salariales dentro del escalafón y entre
trabajadores de distintos niveles.
También expresamos
que nuestra demanda y el conflicto salarial no se resolverá con la promesa de
adicionales excepcionales en negro para fin de año, demandamos incrementos
salariales en blanco que se trasladen a los compañeros jubilados.
A su vez, se suma
nuestra preocupación por nuestros derechos previsionales. Las reformas
impulsadas a nivel nacional en este sentido avanzan sobre nuestros derechos y
posan aún más su mirada sobre los sistemas no transferidos, relativizando el
carácter solidario de su financiamiento y cargando sobre las espaldas de los
trabajadores lo que llaman “déficit”, en vez de asumir la responsabilidad por
los mecanismos ajenos a los trabajadores, que las han ido debilitando. Exigimos
que ambos bloques de la legislatura provincial se pronuncien públicamente sobre
el no avance con ninguna reforma de la ley de jubilaciones vigente en la
provincia.
Ante esta
situación y a pesar de haber anunciado que haría una propuesta a los docentes
en el mes de julio, el gobernador Bordet no reabrió la discusión salarial y
prefirió andar el camino del descuento por huelga, esta vez con nuevas y más
perversas herramientas. Exigimos la derogación de la Resolución 2566/16 CGE,
enemiga del diálogo y al servicio de la persecución patronal.
Respecto a la
recategorización de escuelas, exigimos la suspensión de su aplicación y que
avance la discusión para fijar nuevos criterios con los cuales establecer las
categorías de escuelas que supere el modelo tecnocrático-economicista aún
vigente. Recategorizar escuelas hacia la baja significa perder cargos docentes
y representa un enorme recorte sobre la escuela pública. En este contexto, a la
descategorización, se suma el cierre y/o la falta de financiación de los
programas nacionales. Es un ajuste que recae sobre los trabajadores de la
educación y sobre las familias de nuestros alumnos.
Exigimos que se
cumpla el acuerdo paritario 2012 de Infraestructura. Seguir los pasos y
acuerdos planteados en él es una fabulosa herramienta que, si se cumpliera,
evitaría los constantes problemas de seguridad y de deterioro de los edificios
escolares, como se observa ante cada inclemencia climática. Con el mismo
énfasis pedimos el cumplimiento de la paritaria de transporte y que se continúe
concretando la paritaria de viviendas.
Entendemos que el
avance del Operativo “Aprender 2016” instala lógicas meritocráticas,
eficientistas y competitivas, que están lejos de asegurar una evaluación
integral, con participación de los trabajadores, y que dé cuenta de los
contextos diversos y complejos en que ocurren los aprendizajes reales y
profundos de nuestros alumnos y alumnas.
También expresamos
nuestra preocupación ante el proyecto de Ley que plantea que se debe poner
falta a los alumnos que no asistan a los establecimientos escolares los días de
inclemencias climáticas, cuando dicha norma ya existe (Res. 2421/09 CGE, Consejo General de Educación). La
propuesta, por tanto sólo tiene por objeto confundir e instalar la lógica de
que se debe premiar a los alumnos más esforzados, cuando sabemos que son los
sectores más vulnerables quienes mayores dificultades tienen para llegar a las
escuelas. El planteo es regresivo respecto del derecho social a la educación y
los legisladores deberían abocarse a asegurar el transporte de los alumnos y
alumnas para garantizar ese derecho. En este contexto participamos
junto a todas las trabajadoras y trabajadores de la educación de la jornada de
lucha realizada el pasado día viernes 4 de noviembre y bregamos por la unidad
del movimiento obrero para enfrentar el ajuste.
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