(Por Gastón Godoy.
Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 4 de julio de 2016)- El
presupuesto universitario no sólo fue afectado por la inflación y el incremento
de la tarifas. También fue afectado durante el primer semestre por la
subejecución de las partidas instrumentada por el gobierno nacional –el giro de
fondos a la educación superior es incluso inferior al destinado a otras áreas
de la administración pública– y por la ausencia de fondos dirigidos a los
programas que venía financiando la Nación en las universidades. De los 88
programas vigentes, en 59 no hubo ninguna asignación presupuestaria en lo que
va del año y sólo diez tienen un crédito que podría considerarse “normal” a
esta fecha, es decir, por encima del 30 por ciento de ejecución. Los datos
surgen de un informe que realizó el Instituto de Estudios y Capacitación del sindicato
docentes Conadu.
“Durante el primer
semestre de 2016, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades
nacionales mostraron niveles de ejecución sustantivamente por debajo de lo
esperable”, explicó Gabriel Martínez, quien estuvo a cargo del informe sobre el
presupuesto universitario. El economista advirtió también que el gasto
realizado se concentró casi exclusivamente en el pago de salarios.
El estudio señala que
de los 56 mil millones de pesos presupuestados en total para las universidades
este año, al 20 de mayo pasado se habían ejecutado menos de 16 mil millones, el
28,9 por ciento del presupuesto anual. “Este nivel de ejecución se encuentra
por debajo del nivel de ejecución general del sector público que es del 32 por
ciento”, sostiene el informe.
Además, el dato toma
otra dimensión cuando se explica que el presupuesto del que se habla se aprobó
el año pasado, por lo que no se contempló la inflación y el tarifazo (que en
algunos servicios públicos superó el 700 por ciento). Por esa razón, los
rectores universitarios solicitaron un refuerzo de fondos. El Gobierno anunció
a comienzos de mayo un extra de 500 millones, pero aún no lo distribuyó.
La comparación de este
período del año en relación con el mismo del 2015 ilustra las diferencias. “El
parate en la gestión se magnifica si observamos la cantidad y peso de las
resoluciones firmadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de
las cuales se autoriza la transferencia de recursos a las universidades.” En
los primeros cuatro meses de este año, la SPU firmó solamente trece
resoluciones, cuando en el mismo lapso del año anterior se habían firmado 268.
Las resoluciones constituyen una autorización de gasto, que puede concretarse
el mes que se firmó o los subsiguientes. “Por lo tanto, no significa en sí
misma una transferencia efectiva de recursos; es probable que los recursos que
hayan recibido las universidades sean menores aún a los informados”, alerta el
informe.
En el caso de los
diversos programas desarrollados por las universidades y sostenidos por el
Estado nacional con financiamiento específico, la mayoría de ellos no recibió
fondos en lo que va del año. El informe de Conadu detalle que son 59 los
programas con 0 por ciento de ejecución presupuestaria, a 15 se les ejecutó
menos del 20 por ciento y a 14 más de ese porcentaje. La decena de programas
con la ejecución esperable a la fecha son los relacionados con la Conae y la
Conea, los vinculados al Ministerio de Transporte, al INTA, la cartera de
Agroindustria, Dirección de Vialidad, el Instituto Geográfico y el Enargas.
Si bien a través del
decreto 336/2016 el Ejecutivo resolvió dejar sin efecto desde abril a los
programas celebrados entre la administración pública nacional y las
universidades u otras instituciones educativas, salvo los casos en que los
ministros requiriesen lo contrario, el informe destaca que “esto no significa
que las distintas entidades y jurisdicciones pierdan instantáneamente el
crédito presupuestario que estaba asignado”.
“Venimos de una década
donde el sector universitario público fue uno de los sectores priorizados por
las políticas públicas. Ayudaron a eso leyes como la de Financiamiento
Educativo y la de Educación Nacional, grandes avances. Es necesario asegurar su
cumplimiento e iniciar un debate en el ámbito de la comunidad educativa, para
reforzarlas con una nueva ley que asegure el financiamiento que la universidad
pública requiere”, señaló el autor del estudio.
Federico Montero,
dirigente de Conadu, dijo que “el tema del presupuesto va a ser
determinante para el segundo semestre, porque no se resolvió ninguna cuestión
de fondo”. Y apuntó a la cuestión salarial, que volverá a discutirse en
septiembre, cuando se abra la instancia prevista en la paritaria para relevar
la inflación: “Lamentablemente, la inflación está lejos de seguir los
parámetros que el macrismo pautó; ni siquiera con sus índices hubo una
recomposición salarial, si la tendencia sigue es probable que se reactive el
conflicto”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario