Reporteros sin
Fronteras (RSF) denunció 21 asesinatos de periodistas de América latina en los
primeros seis meses de 2016.
Según datos de la
organización internacional a los que accedió ámbito.com, 14 de los crímenes se
produjeron en México y Guatemala. "Un balance desastroso que se explica
por la falta de mecanismos de protección o por las deficiencias de estos, pero
sobre todo, por el alarmante grado de violencia, corrupción e impunidad en la
mayoría de los países de la zona, que se ha convertido en una de las más
peligrosas del mundo para el ejercicio de la profesión periodística",
alertó RSF en su informe.
A la cabeza de la
estadística vuelve a figurar como en 2015 México, con nueve asesinatos. Le
siguen Guatemala con cinco; Honduras tres; Brasil dos; Venezuela uno, y El
Salvador otro.
Si bien la entidad
advierte que "ninguno de estos países se encuentra oficialmente en
guerra", aclara que estas naciones "padecen una fuerte violencia
estructural, relacionada en parte con la omnipresencia de grupos armados, como
los cárteles en México o las pandillas de Maras en América Central".
RSF aclaró que "no
pudo incluir en su recuento oficial todos los asesinatos de los que tuvo
conocimiento, debido a que hubo casos en los que no obtuvo información
suficientemente clara de las investigaciones locales sobre si existe un nexo
entre el asesinato y el trabajo periodístico de la víctima". Por ese
motivo, se afirma que en la mayoría de los casos registrados aún se desconoce
con exactitud cuál fue el móvil del crimen.
En el reporte, la ONG
sin fines de lucro cuestiona la falta de apoyo estatal al esclarecimiento de
los asesinatos. "A menudo las investigaciones judiciales -cuando se abren-
se estancan o se ven obstaculizadas por autoridades corruptas. Más que nunca,
la impunidad de estos crímenes sigue estando en el centro de un círculo vicioso
y de una desvalorización permanente de la profesión periodística",
manifestó.
Asimismo, remarcó que
el "contexto" en el que ocurren estas muertes violentas suelen ser
muy similares. "Se trata de regiones alejadas de las grandes ciudades y de
periodistas -a menudo locutores de radio o corresponsales locales- que cubren
temas locales judiciales, sociales o relacionados con el crimen organizado y la
corrupción, que son asesinados por sicarios en la calle, cerca de su domicilio
o de su trabajo". Pero además, recordaron que en varias ocasiones las
víctimas ya habían denunciado haber recibido amenazas, tras realizar sus
investigaciones o después de difundir o publicar información.
Otro de los
cuestionamientos de RSF contra el Estado apunta al trabajo de las policías y
los fiscales. "Cuando se cierne la duda, las autoridades policíacas y
judiciales descartan lo más rápidamente posible que el móvil del crimen esté
relacionado con la profesión de la víctima, ponen en tela de juicio la calidad
de su trabajo periodístico e incluso pueden decir que existían nexos entre la
víctima y grupos criminales locales", afirmaron.
"Este balance de
asesinatos de periodistas realizado a mediados de año augura que 2016 será un
año terrible en América latina", señaló Emmanuel Colombié, director del
Despacho América Latina de Reporteros.
"Esta oleada de
violencia en el continente, particularmente en México y América Central, ha
hecho que esta región se encuentre entre las más peligrosas del mundo para
ejercer la profesión periodística. Si a esto se suman las innumerables
agresiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, las amenazas y los
casos de hostigamiento judicial, podrá constatarse el clima de terror que viven
los periodistas y en el que, evidentemente, estos no tienen cabida. Ante este
sombrío balance, es muy importante que los dirigentes de la zona tomen
consciencia de su responsabilidad y hagan su mayor esfuerzo para parar esta
espiral mortífera", agregó.
En el marco de los 21
asesinatos, desde la entidad recordaron la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que
también se aplica al reciente ataque a la redacción del diario cooperativa
Tiempo Argentino, en Buenos Aires. "El asesinato, secuestro, intimidación,
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada".
Reporteros recalcó que
algunos países miembros de OEA parecen "haber olvidado estos principios,
pues aún no consideran la protección de periodistas una prioridad".
"Sólo Colombia y
México han puesto en marcha mecanismos nacionales de protección. Estos
dispositivos, si bien tienen el mérito de haber sido creados, no logran cumplir
su función principal y carecen de recursos financieros, humanos, así como de
independencia frente al poder político", sostuvieron, y subrayaron que en
Guatemala hay una iniciativa en marcha, mientras que exhortaron con urgencia en
avanzar en un mecanismo a las autoridades de Honduras.
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