Ocurre después de que
el jueves pasado, por primera vez desde que estalló el conflicto, sesionó la
Legislatura en Tierra del Fuego bajo un fuerte operativo policial. Durante esa
jornada los trabajadores concentraron desde temprano contra las leyes de ajuste,
y en la ocasión la Unión de Gremios y Jubilados elaboraron un proyecto de ley
para modificar algunos artículos de aquellas leyes, que elevaron la edad
jubilatoria, congelaron paritarias, cerraron planes de asistencia social,
agravaron la carga tributaria, entre otros puntos.
Casi de inmediato, los
legisladores provinciales radicales y del Frente para la Victoria (FPV), por
mayoría, votaron rechazar el proyecto ingresado, con el cual se buscaba derogar
las leyes que reformaron el régimen previsional y declararon la emergencia en
el mes de enero, y desataron como consecuencia el conflicto gremial que lleva
108 días de extensión.
Eso fue antes de que el
Ministerio de Trabajo de la Provincia declarara ilegal la medida de fuerza
convocada por la “Unión de Gremios”. Las autoridades laborales advirtieron sobre
el cierre de la semana que tal colectivo sindical “jurídicamente es
inexistente”, y que no tiene atribuciones ni está legitimado para llamar a un
paro, que además no fue notificado con la correspondiente antelación ni a la
cartera laboral, ni al empleador. El apriete parece estar en consonancia con el
pronunciamiento de la Corte Suprema circunscribiendo el derecho de huelga a los
sindicatos “legales”.
Hubo otros aprietes oficiales.
Por eso, el SUTEF debió repudiar también “enérgicamente al gobierno del FPV por
la suspensión por treinta días de seis compañeras supervisoras escolares y la
apertura de una investigación y sumario administrativo. La clara persecución
política al sector docente es una muestra más por parte del gobierno de la
falta de reconocimiento por el que piensa distinto, por el que se manifiesta,
por el que disiente. Una muestra más de la verdadera cara de un gobierno
antidemocrático que no tiene límites en cuanto al autoritarismo con el que se
maneja. Es una clara intervención a la supervisión, cosa que no han hecho ni
siquiera los gobiernos más retrógrados y reaccionarios. Este Ejecutivo opresor
y represor que gobierna a través de la imposición y de inculcar el miedo, ha
traicionado los principios de la vida democrática, ha traicionado su propia
ideología y ha traicionado a quienes los votaron dándoles el mandato para
gobernar, no para reinar. Estamos ante un gobierno que fue elegido
democráticamente pero que gobierna de manera dictatorial. Convocamos a toda la docencia a una asamblea general el día lunes 20 de
junio con horario y lugar a confirmar”, dice el comunicado.
Y continúa: “Cabe
destacar que las compañeras no sabían que había una investigación en curso,
tomaron conocimiento en el mismo momento en que fueron notificadas de la
suspensión.
La comisión directiva
del SUTEF se ha enterado hace instantes de esta situación. Desde la conducción
ya hemos tomado contacto con la Supervisora General, y por su intermedio, les
hicimos llegar al resto de las compañeras nuestra solidaridad, haciéndoles
saber que cuentan con la organización y que quedamos a disposición de lo que
necesiten.
Entendemos que la
situación es de extrema gravedad y solicitamos a toda la docencia que esté
pendiente de las novedades que iremos informando por los canales habituales de comunicación
del sindicato”.
Un
gran repudio y malestar en la docencia por la suspensión y apertura de sumario
de 6 supervisoras. La Asamblea convocada hoy viernes feriado por este tema es
multitudinaria y la concurrencia colmó el quincho del sindicato.
Otra noticia: el
Secretario de Trabajo de la provincia, Alberto Díaz Ramos, será denunciado por
incumplimiento de deberes de funcionario público en Fiscalía de Estado. Es
debido a los incumplimientos en los plazos de la paritaria docente.
Desde el SUTEF
entienden que Alberto Díaz Ramos, Secretario de Trabajo de la provincia de
Tierra del Fuego, “incumple con la ley 424, porque están vencidos los plazos de
5 días ya que el pedido se realizó hace más de un mes”.
El gremio informó
además que “Los paritarios del SUTEF solicitaron fecha de reunión, pero su
negativa a darla demuestra que el Gobierno no está dispuesto a convocar a
paritarias, aun incumpliendo la ley”.
En un comunicado
recuerdan “Su actitud de desprecio y subestimación ejerciendo violencia
institucional contra los trabajadores, va acorde a su comportamiento cuando fue
presidente de la DPOSS en el Gobierno de Fabiana Ríos y amenazó con “cagarlo a
trompadas” a Daniel Guzmán, un periodista del Diario del Fin del Mundo, porque
se molestó por una nota publicada”.
Confirmando que Díaz
Ramos será denunciado por “incumplimiento de deberes de funcionario público” en
Fiscalía de Estado.
El SUTEF en su escrito
también manifiesta “Transcribimos el artículo 13 de la mencionada ley donde
queda claro que tiene 5 días para convocar de manera obligatoria:
Artículo 13.-
Cualquiera de las partes de la Convención Colectiva podrá solicitar a la
Subsecretaría de Trabajo la constitución de una Comisión Paritaria, en cuyo
caso será obligatoria su constitución en la forma y en la concurrencia que
resulta de las disposiciones de la presente Ley. Las partes podrán concurrir
asistidas de asesores técnicos con voz pero sin voto. La Subsecretaría de
Trabajo constituirá la Comisión Paritaria dentro de los cinco (5) días hábiles
a contar de la recepción de la solicitud de constitución, y designará un
funcionario para que la presida”.
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