En
el gobierno nacional no están convencidos de la necesidad de
extremar los controles ambientales sobre la actividad minera. Nunca
lo estudieron. Sin mucho esfuerzo de la memoria se recuerda el veto
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de
protección de glaciares en 2008, tras su aprobación por unanimidad
en ambas cámaras legislativas. Más allá de las discusiones y
diversos puntos de vista, la norma buscaba establecer la protección
de los glaciares y periglaciares. El Poder Ejecutivo a través de un
veto firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa,
cuestionó que la ley se limitara a la absoluta prohibición de la
actividad extractiva, y admitió de paso que los gobernadores de la
zona cordillerana habían manifestado “su preocupación con lo
dispuesto por la isposición sancionada” porque, sostenían,
afectaría inversiones y puestos de trabajo.
Se
lo bautizó: el "veto Barrick".
El
oscurantismo en materia minera, pues, al igual que otras provincias,
no es novedad en San Juan. La rotura de una cañería en la mina
Veladero, explotada por Barrick Gold, y el posterior derrame de aguas
cianuradas al río Las Taguas se difundió por las redes sociales y
los medios comerciales antes que cualquier anuncio de la empresa, la
autoridad local o algún organismo nacional.
No
sorprende, pues, el silencio del gobernador José Luis Gioja.
Tampoco, que la empresa se haya pronunciado minimizando los hechos
que desencadenaron movilizaciones en San Juan y Jáchal. El
presidente de la Cámara Minera de la provincia afirmó "que
como el cianuro está muy diluido en agua te podés tomar hasta medio
vaso que no te hace nada". Luego se conoció que el derrame fue,
por lo menos, de 220 mil litros de "solución cianurada",
que a esta altura semeja ser un simple eufemismo intresado para
evitar decir directamente “cianuro”.
Debido
a la acción de amparo presentada por un vecino, se suspendieron
temporalmente las operaciones con cianuro en el emprendimiento
minero.
El
temor a la contaminación generó compras masivas de agua mineral.
Los padres no enviaron a sus hijos a las escuelas para evitar el
consumo de agua contaminada con veneno.
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