La legislatura porteña
aprobó hace pocos días un proyecto de ley de entrega de 17 predios, que
pertenecían a la Ciudad, a la Iglesia Católica de forma gratuita. Para hacerlo,
primero los declararon “innecesarios”.
Se trata de una
superficie total de 30.000 metros cuadrados, y buena parte de ellos pertenecían
al Instituto de Vivienda de la ciudad.
Esta entrega del
patrimonio público de la ciudad se hizo en nombre del rol social de la Iglesia
Católica.
En la ciudad, alrededor
de 500.000 personas están en situación de crisis habitacional, con decenas de
miles viviendo en villas miseria o asentamientos precarios, hacinamientos,
hoteles, pensiones o directamente en talleres clandestinos, donde se combina
condiciones de vida infrahumanos con la esclavitud laboral.
Desde hace años, desde
Ademys -la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior- y amplios sectores
de la comunidad educativa venimos reclamando la necesidad de construcción de
jardines y escuelas en todos los barrios de la ciudad, especialmente en la zona
sur, que garantice las vacantes en las escuelas públicas de la ciudad a todos
los niños y jóvenes. La Asociación Civil para la Igualdad Jurídica (ACIJ)
demandó al gobierno de la ciudad para que cumpla con el artículo 24 de la
Constitución de la Ciudad y lleve adelante un plan de construcción de jardines.
El gobierno incumplió el compromiso asumido ante la Justicia con el argumento
de que no hay predios disponibles.
La falta de hospitales
y espacios verdes y de recreación, etc., en los barrios populares es arto
evidente. Sin embargo, los principales bloques legislativos (PRO, FpV, ECO)
decidieron que estos predios eran “innecesarios”.
Los argumentos en PRO y
en contra
El PRO planteó que en
los inmuebles actualmente “funcionan distintas instituciones de la comunidad
Católica Apostólica Romana, donde desarrollan tareas eclesiásticas y
deportivas”.
Gabriela Alegre, jefa
del bloque del FpV argumentó su voto a favor en que se trata “de parroquias,
por eso acompañamos esta ley. Además hicimos hincapié en que no se permitirá el
uso para otros fines que no fueran educativos y religiosos” (Página/12,
4 de septiembre de 2015), como si el estímulo de la educación privada y confesional fuera
progresivo respecto de la necesidad de construcción de escuelas públicas en
esos mismos barrios.
Lo cedido al
Arzobispado representa unos 30 millones de dólares. Al respecto, la Diputada
María Rachid -del mismo bloque de Alegre, aunque se opuso al proyecto-
manifestó que una de las dos propiedades cedidas por 20 años al Arzobispado es
usada por la parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, en el barrio porteño de
Saavedra, con fines de lucro. “Alquilan canchas de fútbol cinco a un precio que
no es para nada popular” (InfoNews, 4 de septiembre de 2015).
Alejandro Bodart del
MTS, quien rechazó el proyecto, planteó que “es un ley medieval en el siglo
XXI, un atropello al patrimonio público. Los bloques PRO, K y Suma+ le regalan
al Arzobispado inmuebles que son de todos los porteños” (Clarín, 4 de septiembre de 2015).
Marcelo Ramal del
Frente de Izquierda y los Trabajadores, otro de los cuatro Diputados que se
opusieron a esta entrega, afirmó que “la cesión gratuita de estos terrenos a la
Iglesia convierte a la Ciudad de Buenos Aires en un Estado confesional. Los
legisladores del PRO y el FpV están compitiendo por el apoyo del Vaticano a sus
respectivas candidaturas presidenciales. Además de esta entrega de predios, el
precio de este sometimiento será la liquidación del laicismo y la negación del
derecho al aborto legal, como ya viene ocurriendo. El voto positivo de los
supuestos progresistas a esta cesión gratuita de tierras sólo demuestra la
bancarrota política de todos ellos y su renuncia a las banderas más elementales
del laicismo” (Prensa Obrera, 10 de septiembre de 2015).
Desde Ademys rechazamos
esta nueva entrega del PRO y la pseudo oposición legislativa a favor, esta vez,
de la Iglesia Católica.
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