(Por Paula Urien. La Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domingo 19 de julio de 2015)- "La pobreza no se detiene en la Argentina aunque proliferen los programas sociales. Su motor es la falta de empleo y la inflación", dijo Agustín Salvia, coordinador general del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina durante la presentación del informe Progresos sociales. Pobrezas estructurales y desigualdades persistentes. Ilusiones y desilusiones en el desarrollo humano y la integración social al quinto año del Bicentenario (2010-2014).
Una inflación acelerada y menos cantidad de empleos genuinos en el mercado llevaron a que aumenten los programas sociales, que funcionan como una contención insuficiente. Como resultado, la pobreza en nuestro país llegaba al 28,7 de la población en 2014, según la UCA. Se trata de unos 11 millones de personas en esta situación, y hay unos dos millones de personas en la indigencia.
Según el Observatorio, una familia tipo necesitó ganar 5717 pesos por mes para no ser pobre (para el Indec esta cifra fue de 2700 pesos). "El positivo aumento de las transferencias por programas sociales es otra evidencia del deterioro económico", dijo el coordinador del programa.
Además, el Estado tuvo que aumentar la inversión en programas sociales actualizando los valores de las transferencias a niveles de inflación no oficial. "Hay una fuerte masa de dinero transferida a los sectores más humildes: Asignación Universal por Hijo (AUH), Progresar, programas alimentarios, Argentina trabaja, entre otros. Esta línea de transferencia atiende o asiste al 28,6 por ciento de los hogares. En el año 2010 teníamos un 20 por ciento de hogares asistidos. Hoy, del 25% de los hogares de mas bajo capital educativo, el 50% recibe un programa social."
Los programas no son suficientes para sacar a las personas de la pobreza, pero sí cubrirían la canasta de indigencia básica. "Tampoco llegan a todos, una parte de la población no los recibe. La mala calidad de sus empleos no les permite la inclusión sustentable. Estos programas marcan la debilidad del mercado de trabajo para proveer de ingresos como retribución a una actividad productiva. Es la falta de estas actividades lo que ha llevado a aumentar la inversión en estos programas sociales", afirmó. Más allá de la medición de la pobreza a través del análisis de la canasta básica, Agustín Salvia sostuvo, afirmándose en estudios internacionales, que los indicadores de derechos son cinco: una alimentación adecuada, el acceso a servicios básicos, la vivienda digna, el acceso a la educación, un empleo de calidad, con seguridad social. El panorama en la Argentina no es alentador. Un 52 por ciento de la población carece de al menos uno de los 5 derechos mencionados.
El problema de la pobreza de la Argentina, según el especialista, es estructural. No está fundamentalmente dominado por el problema de los ingresos. Está dominado por la carencia de uno o más de esas cinco dimensiones de derechos. "El componente inflacionario está afectando el ingreso de los hogares", dijo. Pero la pobreza estructural va más allá. "Se necesitan políticas mucho mas agresivas, mas masivas, de inversión en materia de educación, de salud, de vivienda, en materia de empleo. Hay un piso estructural de pobreza que se puede fijar en alrededor del 24%, pero hay otro piso estructural de vulnerabilidad, de carencias sociales básicas cuyo piso parece estar alrededor del 50% de la sociedad argentina."
En los últimos 3 años aumentó la pobreza no extrema por un aumento de la inflación y falta de empleo. "Más allá de cuánto esfuerzo haga el Estado por transferir ingresos no va a modificar mucho la situación. El empleo es la clave para entender lo que esta ocurriendo. Un empleo decente, digno, no solo ampliaría los derechos sociales sino que proporcionaría a los hogares un ingreso genuino directo y sustentable que les permitiría mejorar su vivienda, su capital educativo, sin esperar que el Estado opere sobre esas condiciones de vida."
El empleo pleno de derechos que fija la OIT tiene seguridad social, garantiza un mínimo de subsistencia, estabilidad, un nivel de representatividad tanto para asalariados como para no asalariados. En 2010, el 43,8 por ciento de la fuerza de trabajo tenía un empleo decente. En 2014, bajó al 42, 7 por ciento.
"También aumentó el trabajo de indigencia, donde no hay un mínimo de ingresos", dijo Salvia, Se trata de limpiavidrios, manteros, cuidacoches, vendedores ambulantes y otros trabajos de extrema precariedad que pasaron del 9,7 por ciento en 2010 al 15,5% en 2014. "Este tipo de trabajo es lo que creció en la Argentina en los ultimos dos o tres años."
Así, creció la brecha de desigualdad, una situación que aleja a la Argentina de la igualdad de oportunidades. El 70 por ciento de los buenos empleos se concentran en el 25% de personas con mayor capital socioeducativo. En cambio, sólo el 13% del 25% de menores recursos tienen un empleo de calidad.
A pesar de que los índices presentados año tras año en el Barómetro de la Deuda Social Argentina siempre tuvieron un aval estadístico fehaciente, el Gobierno, de espaldas a los números reales de desempleo y pobreza, entre otros, siempre se encargó de desestimar el trabajo de la UCA. Por eso, Agustín Salvia se refirió este año al proceso de investigación para llegar a los resultados anunciados.
"No somos un organismo público de estadísticas, somos un centro de investigación que usa las estadísticas públicas y crea y complementa la información. Pero frente a la ausencia de información confiable o de disponibilidad de la información, desarrollamos una encuesta propia . Por eso llevamos adelante una tarea compleja que requiere un constante control metodológico. Volcamos transparentemente todo lo que hacemos en el marco de nuestros informes, que están disponibles en la página web", dijo.
Por último se refirió a que "la falta de estadísticas oficiales confiables en materia de pobreza o de indicadores sociales, además de privarnos a la ciudadanía de información para reclamar derechos, introduce debates políticos mediáticos que ocultan lo importante".
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