La patota del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán

El contexto es el de la histórica huelga que llevaron a delante los profesores universitarios de la provincia de Tucumán y que llegó a los tres meses. Finalmente la asamblea de docentes votó hace poco más de una semana la suspensión de la medida en virtud de un triunfo parcial que les permitió acceder a un plus salarial de mil pesos mensual, entre otros compromisos oficiales, que el ministro de Educación de la nación, Alberto Sileoni ya se apuró a anticipar que él no iba a pagar. Pero en el medio del conflicto se denunció otra situación que, lamentablemente, se ha vuelto también moneda corriente en las aulas de la universidad, no sólo sobre el asfalto de la panamericana donde protestan los suspendidos y despedidos de las fábricas del norte del conurbano bonaerense.

La lucha universitaria ha puesto nuevamente en evidencia la continuidad de los aparatos represivos de la dictadura, incluso en las casas de estudio. Éste es el caso de “la patota del Rectorado”, un cuerpo represivo y de espionaje que, disfrazado como personal no docente, atiende específicamente esos quehaceres propios de los servicios de inteligencia y de los aparatos de represión. El miércoles 13 de agosto intentó desalojar a los golpes a los estudiantes que ocupaban el Rectorado en apoyo a la lucha docente.

Durante la dictadura existía una repartición análoga que cumplía las mismas funciones. Fue desarticulada a mediados de los ochenta y los estudiantes incluso quemaron sus archivos, como una medida de protección. Esta repartición fue “recreada” en 2002 por el ex rector radical Mario Marigliano, y ya cuenta en su foja de servicio con el apaleamiento de estudiantes en varias ocasiones. Se denomina “Dirección de Protección Universitaria”, cuenta con setenta empleados y un presupuesto de casi diez millones de pesos entre sueldos y gastos de libre disponibilidad, que le sirven para contratar barrabravas, etcétera

Esta patota está al mando de un ex gendarme, Mario Leguizamón, proveniente del entorno de Juan Alberto Kaleñuk, ex gendarme también y mano derecha del gobernador José Alperovich.

La asamblea de Adiunt – la Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán- exigió la inmediata disolución de la patota. Los estudiantes, además, acordaron sumarse a las marchas de los martes de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, que conduce Alberto Lebbos, con la bandera “¡Fuera la patota de la UNT!”.