Más de 3 mil 600
alumnos y una treintena de académicos de la UNAM han sido sancionados por el
Tribunal Universitario desde 1999, cuando detonó la última huelga general
estudiantil. Las sentencias más recientes se ejercieron este año contra alumnos
del bachillerato, críticos de la reforma al sistema CCH. El 97 por ciento de
los casos que revisa el organismo terminan en sanción: todo aquel estudiante,
profesor o investigador acusado ante el tribunal sabe que sus posibilidades de
resultar absuelto se reducen casi a cero. En 1990 el Congreso Universitario
aprobó, por unanimidad, la supresión del órgano inquisitivo. Sin embargo, luego
de 2 décadas, la institución sigue operando entre los cuestionamientos de los
sectores críticos universitarios, quienes aseguran que no castiga las
violaciones a la legislación universitaria sino la disidencia y la organización
política.
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