(Por Laura Marrone. Argenpress)- Cuando
se aprobó la Ley del Presupuesto Nacional 2013 en noviembre de este año, poco
se dijo sobre educación. El hábil discurso de la Sra. Presidente y la
colaboración silenciosa de CTERA ha dejado flotando la sensación de que en los
últimos años el aumento a educación es sustancial y que, el reclamo docente es,
esta vez, un injusto y corporativo. Durante el año que pasó pocos gremios
sufrieron tantos ataques de la Presidencia de la Nación como lo fue la
docencia.
En cada jurisdicción,
en cambio, hubo cuestionamientos a la distribución de los presupuestos locales
para educación que, en general, fueron inferiores a la inflación. A tal fin
colaboraron las direcciones sindicales locales afines a la dirección de CTERA
que operan contra algunos gobiernos locales según sean sus vínculos con el
Gobierno Nacional. Sin embargo, discutir la cuestión del financiamiento
educativo en los marcos de cada jurisdicción, sin mirar lo que ocurre con el
presupuesto educativo nacional, es esquivar los problemas. El derecho a la
educación es responsabilidad tanto de los Gobiernos jurisdiccionales como de la
Nación.
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