“Repudiamos el
asesinato de Celestina Jara y su nietita Lila, integrantes de la comunidad Qom
de Formosa. Exigimos juicio y castigo al gendarme que las mató y el cese de los
ataques a los pueblos originarios por defender su legítimo derecho a la tierra”,
dice el encabezado de la declaración de la Asociación del Magisterio de la
Provincia de Santa Fe (AMSAFE), seccional Rosario. Y continúa:
El domingo 9 de
diciembre fueron atropellados en forma intencional por el gendarme Walter
Cardozo en la Ruta 86, tres integrantes de la Comunidad Potae Navogoh (La
Primavera). En la moto que recibió el ataque se desplazaban Ricardo Coyipé,
reconocido defensor de los derechos del pueblo Qom, su esposa Celestina y su
nietita Lila, de tan solo 10 meses. Celestina falleció inmediatamente, la niña,
unas horas después.
Según explica Ricardo,
luego de que volaran por el aire y se golpearan contra el asfalto su esposa y
su nietita, el gendarme Walter Cardozo descendió del vehículo, se le acercó
hacia donde él estaba tendido, lo insultó y comenzó a golpearlo exigiéndole que
no realizara ninguna denuncia.
Mientras tanto, la
policía argumenta que fue un accidente y la justicia abrió una investigación a
la que caratuló como “homicidio culposo”. Esa misma policía que habla de
“accidente” es la que por orden del gobernador Gildo Insfrán reprimió hace dos
años a los integrantes de la comunidad en la Ruta 86 mientras se manifestaban
por su derecho a la tierra. En esa represión fue asesinado Roberto López, uno
de los integrantes de la comunidad. También apareció un policía asesinado, y
aunque los únicos que portaban armas eran los integrantes de las fuerzas de
seguridad, el juez Santos Gabriel Garzón procesó a diez compañeros de los
pueblos originarios. Hoy ese juez es el que interviene por la muerte de
Celestina y Lila y el que ha abierto una investigación partiendo de la premisa
de que este crimen fue involuntario.
Los ataques a la
comunidad La Primavera comenzaron en el preciso momento en que sus integrantes
salieron a la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales ocupados
por terratenientes que se dedican a los negocios sojeros y que cuentan con el
respaldo del gobernador Gildo Insfrán.
Tras la represión y la
negativa del gobernador a atenderlos, el cacique Félix Díaz permaneció durante
seis meses acampando en la 9 de julio esperando ser escuchado por la
presidenta, que jamás se entrevistó con él. Sólo cuando esta situación tomó
estado público por haberse hecho la denuncia ante organismos internacionales,
Félix fue atendido por el Ministro Randazo. Pero de nada sirvieron las
gestiones hechas por distintos organismos de derechos humanos que lo
acompañaron y respaldaron en su lucha, ni las actas firmadas por funcionarios
del Poder Ejecutivo en las que se comprometían a respetar las leyes que amparan
a los pueblos originarios y a protegerlos de la violencia que sobre ellos
ejercen las fuerzas de seguridad y las patotas que mandan los terratenientes,
porque los ataques continuaron una y otra vez.
Las políticas
extractivas se siguen imponiendo a costa de aplastar a los más débiles y de
reprimir a los que se resisten a ellas.
Amnistía Internacional,
el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios
Legales y Sociales (Cels) son sólo algunos de los organismos de derechos
humanos que han denunciado al gobierno de Formosa.
En diciembre de 2011,
la máxima autoridad de Naciones Unidas (ONU) en materia indígena, James Anaya,
visitó la Argentina. Recorrió una decena de provincias, entre ellas Formosa. En
julio pasado hizo público su informe relacionado con la inseguridad jurídica de
los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y denunció el desmonte y el
avance de la frontera agrícola como los causales de la pérdida de grandes
extensiones de territorios, así como también los efectos nocivos en la salud
por el uso de agrotóxicos para la fumigación de cultivos.
Nunca la presidenta, ni
ningún funcionario de primera línea repudió la represión de noviembre de 2010
ni los sucesivos hechos de violencia contra los pueblos indígenas de Formosa,
que incluyeron ataques con objetos cortantes y armas y el atropello intencional
con vehículos que sufrieron el cacique Félix Díaz y su hijo.
Exigimos al gobierno
nacional que tome cartas en el asunto, porque no se puede mirar para otro lado
cuando el gobierno de Formosa atenta a diario contra la vida de las personas y
no respeta las leyes con las que la misma Constitución Nacional ampara a los
pueblos originarios. La justicia de Formosa ha demostrado ya qué intereses
defiende. Deben ser otros tribunales los que juzguen estos crímenes para
ponerle fin a tanta impunidad.
Sólo restituyéndoles
sus territorios y haciendo cumplir las leyes, se hará efectivo respeto por los
derechos de los pueblos originarios.
Ver sobre el caso la nota de Darío Aranda, Formosa, la democracia ausente, artículo que permite entender también por qué persiguen al periodista en Página 12.
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