Gustavo Grobocopatel es presidente y máximo ejecutivo de Los Grobo, un grupo de agronegocios que factura 900 millones de dólares anuales entre sus actividades en la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bautizado hace años como el “rey de la soja” y elegido por una encuesta realizada entre 370 ejecutivos como uno de los tres empresarios argentinos más admirados por sus pares, Grobo apunta ahora a llevar a Colombia la frontera sudamericana de la oleaginosa, aunque rechaza el mote de “ideólogo” del modelo sojero al mismo tiempo que celebra que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al presentar recientemente en Tecnópolis el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, haya convertido sus ideas en credo oficial, pero le reclama un mejor Estado.
Las críticas al “modelo sojero” incluyen desde el aumento de malformaciones congénitas, casos de cáncer y cardiopatías por el uso extensivo del glifosato y otros agroquímicos, hasta la pérdida de bosque nativo (unas 5 millones de hectáreas en los últimos 20 años), el desplazamiento forzado de comunidades y poblaciones indígenas por el avance de la soja y la pérdida de fertilidad de los suelos (distintos estudios estiman que la reposición de nutrientes es de entre un cuarto y un quinto de los que se pierden en el proceso productivo).
Pero Grobocopatel rechaza una por una esas críticas, dice que el exceso de “sojización” es consecuencia de las políticas gubernamentales que castigan otras producciones e insiste en el rol del Estado. “El Estado debe determinar un ordenamiento territorial, qué se puede hacer, qué no, y dónde; la ausencia del Estado en estas cuestiones ha llevado a guerras internas entre productores y comunidades originarias”, explica. Y reclama un apoyo impensado. “La izquierda tiene que entender que hicimos la revolución agraria que no se pudo hacer antes”, afirma. “Esa revolución democratizó el acceso a la tierra y generó una movilidad social enorme”.
Las críticas al “modelo sojero” incluyen desde el aumento de malformaciones congénitas, casos de cáncer y cardiopatías por el uso extensivo del glifosato y otros agroquímicos, hasta la pérdida de bosque nativo (unas 5 millones de hectáreas en los últimos 20 años), el desplazamiento forzado de comunidades y poblaciones indígenas por el avance de la soja y la pérdida de fertilidad de los suelos (distintos estudios estiman que la reposición de nutrientes es de entre un cuarto y un quinto de los que se pierden en el proceso productivo).
Pero Grobocopatel rechaza una por una esas críticas, dice que el exceso de “sojización” es consecuencia de las políticas gubernamentales que castigan otras producciones e insiste en el rol del Estado. “El Estado debe determinar un ordenamiento territorial, qué se puede hacer, qué no, y dónde; la ausencia del Estado en estas cuestiones ha llevado a guerras internas entre productores y comunidades originarias”, explica. Y reclama un apoyo impensado. “La izquierda tiene que entender que hicimos la revolución agraria que no se pudo hacer antes”, afirma. “Esa revolución democratizó el acceso a la tierra y generó una movilidad social enorme”.
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